La Cámara de Diputados ratificó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una medida celebrada por Javier Milei, quien calificó la votación como un acto de “madurez” política.

Sin embargo, lejos de un consenso real, el oficialismo impuso su voluntad limitando el debate parlamentario y asegurándose el respaldo de sectores aliados para avanzar con un nuevo compromiso con el organismo internacional.

En un comunicado, la Oficina del Presidente agradeció a los 129 diputados que avalaron la medida, asegurando que con ello “comprendieron el mandato de las urnas”.

La votación fue respaldada por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, parte de Encuentro Federal y diputados que responden a los gobernadores, quienes facilitaron la aprobación de una medida que profundiza la dependencia financiera del país.

Con este acuerdo, el gobierno busca refinanciar la deuda con el FMI mediante la autorización de una operación de crédito público, permitiendo al Tesoro Nacional cancelar compromisos con el Banco Central.

Milei intentó presentar la maniobra como un alivio financiero, pese a que implica seguir sometiendo la economía argentina a las exigencias del organismo internacional, en lugar de buscar soluciones soberanas.

El oficialismo, además, recurrió a una estrategia para limitar la discusión en el recinto. Diputados de La Libertad Avanza impulsaron un Plan de Labor que recortó los tiempos de exposición y restringió el número de cuestiones de privilegio, buscando acelerar el tratamiento y evitar objeciones.

La maniobra fue aprobada con 141 votos a favor y 95 en contra, generando un fuerte rechazo en la oposición, que denunció la restricción del derecho a expresarse y el avance del oficialismo sobre las dinámicas democráticas del Congreso.

Mientras Milei insiste en hablar de estabilidad y crecimiento, su gobierno avanza en un nuevo ciclo de endeudamiento sin garantías claras de que las condiciones impuestas por el FMI no profundicen la crisis.

Con el pretexto de combatir la inflación, la administración libertaria continúa tomando decisiones que hipotecan el futuro económico del país, sin mostrar una estrategia real para recuperar la autonomía financiera.