La reciente decisión del Gobierno de eliminar la cédula azul, un documento clave para autorizar a terceros a conducir un vehículo, ha generado una ola de críticas. Mientras las autoridades defienden la medida como un avance hacia la modernización y la digitalización, diversos sectores señalan que esto ha creado más problemas de los que ha resuelto.

Según un análisis publicado por Realpolitik, la eliminación de la cédula azul fue impulsada por el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, con el objetivo de reducir costos para el Estado.

Sin embargo, la medida ha dejado a los propietarios sin una alternativa viable y funcional. La funcionalidad digital prometida a través de la aplicación Mi Argentina todavía no está operativa, lo que obliga a los usuarios a recurrir a mecanismos más caros, como los poderes notariales.

Esta situación ha impactado directamente a empresas y ciudadanos. Las empresas con flotas de vehículos ahora deben tramitar poderes notariales individuales, lo que incrementa los costos de manera significativa. Asimismo, particulares que compartían vehículos o viajaban al exterior enfrentan complicaciones legales debido a la falta de un documento reconocido internacionalmente. Realpolitik destaca que, mientras la cédula azul costaba 6400 pesos, un poder notarial puede superar los 140 mil, beneficiando exclusivamente a los escribanos.

Además del aumento de costos, también surgen preocupaciones legales. La cédula azul proporcionaba una forma clara y directa de demostrar que el conductor estaba autorizado por el propietario del vehículo. Sin este documento, cualquier conflicto, ya sea por un accidente o un control policial, podría complicarse considerablemente.

Para Realpolitik, esto evidencia un desbalance entre los ahorros estatales y los perjuicios sociales, señalando que la medida ha priorizado el interés de un sector específico en detrimento del bienestar ciudadano.

Aunque el Gobierno asegura que la transición hacia una gestión 100 por ciento digital es el camino correcto, los resultados actuales muestran una implementación apresurada y poco eficiente. Sin soluciones inmediatas y prácticas, los ciudadanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a un sistema que debería simplificar sus vidas.