La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) se convertirá en la primera institución en ser auditada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a partir del miércoles 23 de octubre. Esta medida fue anunciada por el Gobierno de Javier Milei en el contexto de un creciente conflicto entre la gestión libertaria y la comunidad académica, intensificada por el veto a la Ley que proponía aumentar las partidas presupuestarias en base a la inflación.

Según explicó Miguel Blanco, director de la SIGEN, el orden de las universidades a auditar “se determinará en función de volúmenes de fondo y calidad de convenios”. Al respecto, señaló que “la SIGEN ya había auditado en el pasado. Hasta el dictamen de Carlos Zanini en 2022, había un equipo que auditaba universidades; después, tuvo que asignarse a otras partes, pero lo estamos retomando”.

“Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo, que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, expresó Blanco, y también mencionó que “algunas universidades voluntariamente habían hecho un convenio con SIGEN para ser auditadas”. 

No obstante, las dudas sobre la transparencia del proceso han surgido, ya que la SIGEN se encuentra bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, la cual desató una guerra contra las universidades acusándolas de no sincerar sus números para evitar recortes presupuestarios.

En este sentido, Blanco afirmó que “en el caso que haya sospecha de corrupción, si hay algún síntoma, se lo derivará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ellos sigan el curso”, reconociendo que ambas entidades también dependen del Ejecutivo.

Mientras tanto, la comunidad académica mantiene su plan de lucha tras la anulación del proyecto de ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales. Las medidas de fuerza incluyen la toma de universidades nacionales a lo largo y ancho de todo el país, cortes de calles con clases públicas, y una marcha de antorchas