Si algo faltaba en el circo de la política argentina es que el ex presidente Alberto Fernández, que está con la soga al cuello debido de las denuncias en su contra, saliera a hacer alaraca en la Justicia presentando un escrito en el cual intenta tapar el sol con las manos y alega que las acusaciones sobre irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión son “ambiguas”, como si eso fuera suficiente para desestimar los hechos.

Fernández realizó su descargo a través de un escrito de 48 páginas que presentó ante el juez federal Julián Ercolini, el mismo fue redactado en primera persona, pero que lleva también la firma de su abogada Mariana Barbitta. El exmandatario señaló que el decreto que firmó para obligar a contratar los seguros del Estado con Nación Seguros buscaba que las primas no fueran a parar a manos de “empresas extranjeras” y que expresamente preveía que no debía haber intermediarios.

A su vez, mencionó que las reparticiones del Estado que pactaron sus pólizas con el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su exsecretaria María Cantero, y otras firmas, no contrataron “productores de seguros”, sino asesores de seguros.

“Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política -en forma mezquina- de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas”, añadió.

En su defensa, Fernández indicó que la denuncia tiene un “tinte ideológico” económico, libertario, toda vez que “se pone como foco de la denuncia el ‘monopolio’ en el ámbito de seguros estatales”, en consonancia con la idea de la intervención mínima del Estado en la economía.

Luego calificó las acusaciones como “ambiguas y vacías de fundamento”, ya que “no explicaron cuál fue la irregularidad concreta, ni la normativa incumplida, ni mucho menos cómo debería haberse procedido”.

“Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito”, manifestó y añadió que la contratación con intervención estatal “es vista como una irregularidad”.