La pesca vuelve a estar en el centro del debate sobre el futuro de la actividad, tras un nuevo embate del Gobierno nacional. Desde la Secretaría de Bioeconomía, dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, se puso en vigencia la Resolución 76/2024, mediante la cual se derogaron un total de 12 normas dictadas por el gobierno anterior entre 2021 y 2023. Estas normas estuvieron operativas hasta hace una semana.

"Si al Gobierno esto le genera pérdidas, que lo explique, pero para los trabajadores es una nueva embestida al sector, y van por lo que no lograron con la Ley de Bases: ´la apertura indiscriminada del mar argentino a buques de terceras banderas con el consabido saqueo de los recursos naturales´", agregó Moreno.

Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Los trabajadores fueron los primeros en levantar la voz para defender el recurso natural y, por ende, las fuentes laborales y las empresas que las generan. Así lo expresó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno: "No se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica".

Por otro lado, denunció que, en paralelo a esta desregulación, el Gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo al frente de esta importante institución científica.

"Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21.673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar", apuntó Moreno.

La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.

El Gobierno argumenta que la modificación responde a las nuevas políticas públicas delineadas para un reordenamiento integral de la producción en general, respaldándose en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Según indicaron, los cambios buscan simplificar y hacer más razonables los procesos, para mejorar la operatividad del sector. También catalogaron de obsoleto el trabajo de informar y controlar la trazabilidad de la producción, con la idea de eliminar trabas e impedimentos para agilizar los trámites.

En ese sentido, Moreno aseguró: "Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones".

"En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar", advirtió el sindicalista.

Desde el sector, miran con preocupación y advierten que la aplicación de esta resolución atenta contra los avances cuantitativos y cualitativos logrados en el último período, que significaron importantes mejoras en la gestión de pesquerías, en la agilización de procedimientos administrativos y en la transparencia de la cadena de valor pesquera del país.

Alerta permanente de los trabajadores

Los trabajadores del sector pesquero se encuentran "en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies merluza hubbsi, merluza de cola, polaca y merluza negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.

En tal sentido, "debemos recordar que el proyecto original de la denominada Ley Bases presentaba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina", afirmaron desde el sector.

Por todo lo expuesto, solicitan al Consejo Federal Pesquero “que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años. Ello generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”.