Ni los diputados que entraron. Ni los genocidas con los que se reunieron. Ni cuánto duró la entrevista. Así fue la respuesta que envió el Servicio Penitenciario Federal (SPF) al juez que le había pedido informes sobre el encuentro que sostuvieron seis legisladores de La Libertad Avanza (LLA) con Alfredo Astiz y otros represores que están alojados en el penal de Ezeiza.

El viernes pasado, el juez Daniel Obligado le solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que con carácter urgente le explicara cómo se había gestado la visita del 11 de julio pasado. Ese día, habían llegado seis diputados oficialistas a bordo de una camioneta de la Cámara de Diputados a Ezeiza. La comitiva estuvo integrada por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Según publicó La Política Online, se habían reunido con Astiz y otros represores como Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti.

El Servicio Penitenciario se tomó casi una semana para responder. El jueves, a las 20.19, llegó un mail al TOF 5 con una respuesta esquiva, casi una provocación frente al pedido de informes del juez.

“La visita que aquí nos ocupa se efectuó el pasado 11 de Julio del corriente año, en el Complejo Penitenciario Federal VII ‘Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás’, siendo ésta debidamente llevada a cabo en el marco de las reglamentaciones penitenciarias establecidas”, contestó Diego Alejandro Morel, subdirector del SPF.

“Es de señalar que las visitas efectuadas a las personas privadas de libertad se sustentan en el derecho a la comunicación (oral o escrita) con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social como por razones morales, asistenciales, materiales, de alojamiento y/o humanitarias”, añadió el número dos del SPF. La nota concluyó con un elusivo: “Después de la visita oficial, no hubo novedades al respecto”.

Lo curioso es que el SPF no dice ni dónde se produjo el encuentro –que, según trascendió, habría sido en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Unidad 31– ni quiénes ingresaron al penal, si hubo diputados y asesores. Tampoco aclara quién gestionó el ingreso para la comitiva oficial. Solo da la fecha, que ya se conocía desde hacía tiempo.

Hay un dato de relevancia. Pese a la trascendencia institucional de la cuestión, la contestación no la firmó el titular del SPF, Fernando “Perro” Martínez, a quien Benedit definió en un chat como “excelente colaborador” dando a entender que tenía trato con él. Tampoco lleva la firma de la ministra Bullrich, quien tiene a su cargo el SPF.

Durante el fin de semana, la titular de Seguridad había justificado la visita de los seis diputados oficialistas diciendo que hay una “construcción de libertad”. Además, le había atribuido el pedido de informes a Alejandro Slokar y lo había acusado de no tratar a los criminales de lesa humanidad con la “misma vara”.

Resta saber si desde el TOF5 se va a insistir con el pedido de informes o si se va a avanzar con alguna otra medida. En la víspera del 24 de marzo, Bullrich había dicho que hay militares injustamente detenidos. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado el año pasado que desde los equipos de Bullrich trabajaban en una “solución” para que no hubiese mayores de 70 años detenidos por crímenes contra la humanidad.

En los Tribunales existe la versión de que hubo un intento de mudar a los represores que están alojados en la Unidad 31 de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo –destinada íntegramente a detenidos por lesa humanidad. La Unidad 34 tiene mayores comodidades: espacios más grandes, televisor en las “celdas” y hasta canchas de tenis en las que uno de los represores de la ESMA, Jorge “Tigre” Acosta, solía mostrar destreza.