La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vuelve a ser noticia por prácticas controversiales. En el último Boletín Oficial se publicaron dos resoluciones que revelan un gasto superior a los 12 millones de dólares en armamento y vehículos para las fuerzas federales, adquiridos por contratación directa. Estas compras, que incluyen pistolas, escopetas, patrulleros y camionetas 4x4, se realizaron sin pasar por los mecanismos de control técnico de precios establecidos para transacciones de esta magnitud en el sector público. Además, no se detalla la cantidad de artículos adquiridos.

El argumento legal para justificar esta adquisición sin control es que se trata de una "contratación directa encuadrada en razones de emergencia". Sin embargo, no hay una emergencia en seguridad declarada en el país que justifique tal gasto. La referencia al "comité de crisis" formado en marzo en Rosario, tras el asesinato de un playero, se utiliza como justificación para estas compras.

Expertos balísticos señalaron que el armamento es de uso corriente en las fuerzas, y las escopetas calibre 12, utilizadas principalmente para disparar postas de goma en operativos de represión, también pueden usarse con balas de plomo.

En un contexto donde más de la mitad de los argentinos viven en pobreza y el Gobierno no invierte en alimentos, estas compras sugieren una preparación para responder a potenciales reacciones sociales.

Para dimensionar la magnitud de esta compra, las adquisiciones de toda la administración anterior en cuatro años no alcanzaron esta suma. Entre las compras destacan escopetas y pistolas semiautomáticas 9 milímetros adquiridas a la firma Bersa por 6.144.800 dólares, a pesar de que en marzo se rescindió una licitación pública para adquirir las mismas pistolas a la firma Beretta por falta de presupuesto.

Es curioso que, en el mismo período, se planificara una nueva compra por contratación directa con un plazo de 60 días para la entrega de las armas, lo que contradice la supuesta emergencia y falta de fondos que se alegaron para cancelar la licitación anterior.

Esta situación recuerda otras compras polémicas de Bullrich en su anterior gestión, como lanchas y sistemas de monitoreo adquiridos a Israel que no pudieron utilizarse. La Oficina Anticorrupción detectó en su momento irregularidades en los procedimientos y sobreprecios.

Aunque se abrió una oferta pública para estas nuevas compras, quedaron fuera del sistema de control de precios testigos de la Sindicatura General de la Nación. Así, no se puede establecer si los precios pagados son justos.

El refuerzo vehicular se hizo en pesos: más de 2.800 millones a Toyota Argentina y más de 6.200 millones a la concesionaria Ford Igarreta, para adquirir una cantidad no informada de camionetas patrulleras 4x4 y doble cabina.

Sin una emergencia en seguridad declarada a nivel federal, Bullrich justifica estas compras por la situación en Rosario, donde se formó un comité de crisis en marzo pasado. La justificación se basa en hechos delictivos recientes en esa ciudad que, según el texto oficial, generaron una situación de conmoción social.

Otros temas urgentes, como la recepción de los familiares del niño Loan, también presionan a la ministra. Mientras tanto, Bullrich sigue adelante con millonarias compras de armamento, buscando reforzar la seguridad con métodos cuestionados.