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Denuncian clientelismo y nepotismo en la caja pública del FISU

Tanto kirchneristas como libertarios en el mismo negocio estatal.
Tanto kirchneristas como libertarios en el mismo negocio estatal.

Durante la gestión de Alberto Fernández, los movimientos sociales tenían monopolizadas varias de las principales cajas del estado, como por ejemplo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), en la que los referentes sociales bajaban plata de Nación, la distribuían desde los municipios y la canalizaban a través de cooperativas que manejaban sus propios familiares.

En esta nueva investigación de El Disenso, reveló cómo el FISU fue utilizado como una herramienta para desviar millones de pesos hacia las arcas de una red política y familiar. A través de contratos directos a cooperativas afines, funcionarios y dirigentes del Movimiento Evita establecieron un circuito de financiamiento que terminó enriqueciendo a unos pocos a expensas de los recursos públicos.

El FISU

En 2020 la Secretaría de Integración Socio Urbana quedó en manos de Ramona Fernanda Miño, referente de Frente Patria Grande (FPG) que responde a Juan Grabois.

Miño era quien administraba el FISU, según El Disenso, un fondo destinado a proyectos de integración socio urbana, que además de ser utilizado para prácticas clientelistas, se convirtió en un mecanismo de financiamiento que favoreció a las cooperativas del Movimiento Evita, cuya primera dama es Mariel Fernández, intendente de Moreno.

Su esposo, Esteban "Gringo" Castro es dirigente social. Comparte marchas con Grabois como secretario de la UTEP y supo presidir una de las coooperativas que resulta asiduamente adjudicada desde el Municipio que maneja su media naranja.

Tanto Miño como Mariel Fernández, informó El Disenso, facilitaron este esquema al adjudicarle los contratos del FISU a organizaciones afines. Un caso emblemático es el de la Cooperativa de Trabajo 2 de Septiembre del Movimiento Evita, que fue contratada para realizar las Conexiones intra domiciliarias en el barrio Santa Paula II en Moreno por 8.191.740,62 pesos (Proyecto ID 944).

La 2 de Septiembre

El tesorero de la cooperativa 2 de Septiembre era el hermano de la intendente de Moreno, Emanuel Fernández, quien dejó ese puesto al asumir como funcionario municipal; entonces su novia, Mariana Silvina Sánchez, asumió como tesorera. Quien además es la directora de Educación Comunitaria y Popular de Moreno.

La secretaria de la cooperativa era Analía Cabañas, una amiga de Mariel y "Gringo" Castro que hoy se desempeña como máxima autoridad de la cartera de Salud y Medio Ambiente del Municipio.

Cuando Analía deja el cargo en la cooperativa, aseveró El Disenso, asume como presidente su esposo, Damián Falfán, luego nombrado por Mariel como subsecretario de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria, haciéndose cargo del programa de reciclado de residuos y el Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que fuera adjudicado por cifras multimillonarias a la coope familiar, pero eso lo contamos en otra investigación.

La secretaria Mirna Coronel es la prima de Giselle Coronel, otra nuera de Pedro Falfán, nombrada por la intendente Mariel Fernández al frente de la Dirección de Géneros. Informó El Disenso.

Los lazos familiares y políticos fortalecieron este esquema de corrupción. Miño adjudicaba fondos para obras en Moreno, que terminaban en la cooperativa administrada por familiares y amigos de la intendente, referente y líder del Movimiento Evita.

A través de esta red, subrayó El Disenso, los fondos públicos se canalizaban hacia las cooperativas vinculadas a los dirigentes del Movimiento Evita, desviando recursos destinados a la integración socio urbana, hacia intereses particulares.

En la investigación "El Chalet VIP de los referentes del Movimiento Evita", El Disenso mostró como a 1 año de asumir su puesto, la intendente de Moreno pasó de vivir en Cuartel V (un barrio carenciado de su municipio), a construirse un chalet con pileta en un barrio privado.

La administración del FISU y la adjudicación de contratos a cooperativas afines evidencian un claro patrón de corrupción y malversación de fondos. Esta investigación expone cómo una red de alianzas políticas y familiares utilizó el sistema para enriquecer a sus miembros, poniendo en riesgo el desarrollo socio urbano genuino.

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