El presidente Javier Milei nominó al juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación. El 15 de abril fue publicada la postulación en el Boletín Oficial. El pliego debe ser aprobado por las 2 terceras partes del Senado para que se haga efectivo el nombramiento.

Lijo se desempeñó como juez de la causa Ciccone, en la investigación por el encubrimiento en la causa AMIA y tuvo a su cargo la causa por el asesinato, en 1973, del entonces secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci.

Su postulación sumó 3578 adhesiones y 328 impugnaciones, según un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

El Gobierno de Javier Milei propuso al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla como futuros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de viajar por cuarta vez a Estados Unidos, el 27 de mayo el Presidente envió ambos pliegos al Senado, para que en esa cámara se debatan las postulaciones.

"Con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la doctora Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el Presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo", dice el comunicado oficial de Presidencia publicado en X.

"El doctor Lijo actualmente ejerce como Juez Federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal", continúa el documento oficial.

Su formación y carrera como juez federal

Ariel Lijo nació el 19 de octubre de 1968 y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el Registro Público de Graduados Universitarios, terminó la carrera de Especialista en Administración de Justicia en el año 2001.

Ejerció la docencia en la UBA, fue profesor de Derecho Penal II en la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana y también fue docente en la Universidad Nacional de Lanús.

Como se explica en este perfil de Justiciapedia, un mapa de relaciones entre actores del sistema judicial realizado por Chequeado con la colaboración de ACIJ, Lijo ingresó a los tribunales como meritorio y al poco tiempo se incorporó al equipo de trabajo de María "Piru" Riva Aramayo, quien en ese entonces estaba al frente de la Fiscalía ante la Cámara del Crimen.

Cuando en 1993 Riva Aramayo pasó a la Cámara Federal, Lijo continuó trabajando bajo su órbita y llegó hasta el cargo de secretario de Cámara.

En esos años conoció a Gabriel Cavallo, quien fue fiscal federal, juez federal y luego camarista, y tiempo después se casó con su hermana, Silvia Cavallo, hoy fiscal federal de Quilmes.

En 2004, cuando aún se desempeñaba como secretario de la Sala I de la Cámara Federal, se inscribió en el Concurso 59, destinado a cubrir 4 vacantes en los juzgados federales de Comodoro Py.

Quedó en quinto lugar en la terna del Consejo de la Magistratura, pero por las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas, el nombre de Lijo fue uno de los 4 enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que en octubre aprobó su pliego. Asumió como titular del Juzgado Federal 4, el que había dejado vacante Cavallo, su entonces cuñado. 2 décadas después, continúa al frente de este tribunal.

Alfredo Lijo, su hermano, es abogado y trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, señalado habitualmente por los medios por su influencia en Comodoro Py.

Tras divorciarse, el ahora candidato a la Corte se casó en 2010 con Magalí Mazzuca, ex prosecretaria de su juzgado, que luego fue prosecretaria de la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema.

En su declaración jurada de 2021, Ariel Lijo declaró un lote en la localidad de Hudson, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, y varias mejoras a ese lote. La suma del lote y las mejoras están valuadas en 6 millones de pesos. Al menos hasta la presentación de esa declaración jurada compartía la titularidad de este inmueble con su segunda esposa, Mazzuca, actual secretaria letrada de la Corte Suprema.

Distintas publicaciones señalan que actualmente su pareja es Genoveva Ferrero, consejera de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y ex funcionaria de Seguridad en la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta (Cambiemos).

El juez tuvo denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, que luego fueron desestimadas. En 2018, Elisa "Lilita" Carrió lo denunció penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. También incluyó en esa denuncia a su hermano Alfredo, al ex camarista Eduardo Freiler, el ministro de Planificación Federal Julio de Vido y a su ex secretario privado, José María Olazagasti.

En esa causa, los hermanos Lijo fueron patrocinados en los tribunales por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación, según consta en el Observatorio del Centro de Información Judicial (CIJ). Fueron sobreseídos por el juez federal Julián Ercolini.

De acuerdo con un informe realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), especialistas en temas judiciales, Lijo está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez (32 denuncias totales), y de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, sólo elevó a juicio 14, siendo el cuarto juez que menos casos elevó.

¿En qué causas intervino Ariel Lijo?

Lijo se desempeñó como juez de la causa Ciccone, en la que procesó en 2014 al entonces vicepresidente Amado Boudou (Frente para la Victoria) por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" por el levantamiento de la quiebra de la imprenta para quedarse con el negocio de la impresión de billetes en la Argentina.

Lijo elevó la causa a juicio en 2017 y en 2018 Boudou fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4. En 2017, además, ordenó la detención del ex vicepresidente en el marco de otra causa por "enriquecimiento ilícito".

Lijo también llevó adelante la investigación del encubrimiento en la causa AMIA, en la que mandó a juicio oral al ex presidente Carlos Menem (Partido Justicialista), al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros.

Sin embargo, en 2017 fue apartado de la causa por decisión de la Sala ad hoc de la Cámara Federal, a pedido de las querellas, por haber dictado la falta de mérito de 4 ex secretarios de Galeano en el Juzgado Federal 9: Carlos Velasco, Javier De Gamas, Susana Spina y José Pereyra.

Lijo conformó en 2007 una Comisión Asesora en seguridad deportiva en el Club Atlético Boca Juniors, con Mauricio Macri como Presidente de la institución, de la que participaron otros socios célebres del club: el ex ministro de Seguridad porteño y actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, los fiscales Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli y Raúl Pleé, y el abogado Carlos Beraldi.

También se desempeñó como juez en otras causas importantes, como la del Caso Siemens, en la que se investigó el "accionar sistemático de integrantes de la empresa de pagar sobornos con el único fin de que la filial local resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional 1/96, para la 'Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas'". En ese expediente, Lijo procesó a 17 imputados, entre directivos de la empresa e intermediarios.

Además, fue el juez de la causa conocida como Correo Argentino, en la que se denunció un acuerdo "abusivo" por la deuda que la empresa, en concurso de acreedores desde 2001, mantenía con el Estado. El acuerdo, denunciado por perjudicial para el Estado, fue realizado por el Ministerio de Comunicaciones durante la Presidencia de Macri, cuya familia controla la empresa Correo Argentino.

Este expediente todavía está abierto. En la causa fue indagado el entonces ministro Oscar Aguad. Macri está imputado.

Otra de las causas que tuvo a su cargo fue el asesinato en 1973 del entonces secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci. En 2012, Lijo determinó que la causa no se trataba de un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, no quedaba sujeto a la cláusula de la imprescriptibilidad.

La vicepresidente Victoria Villarruel, en una entrevista con TN, comentó que se enteró por los medios de la propuesta del presidente Milei para que Lijo ocupe un lugar en la Corte Suprema. Sobre el juez, dijo: "No me gustó cómo actuó en la causa Rucci", y agregó que "la causa por el asesinato de José Ignacio Rucci está en su juzgado" y que Lijo "facilitó que esté en un limbo eterno".

¿Cómo se lo nombraría?

La nominación de Lijo es parte de las atribuciones que tiene el Presidente. De acuerdo con el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, el jefe de Estado puede "nombrar a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto".

Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia en noviembre de 2021, a los 78 años, por medio de una carta dirigida al entonces presidente Alberto Fernández. En 2004, cuando asumió como jueza del máximo órgano de justicia del país, se convirtió en la primera mujer en ese cargo durante un Gobierno democrático.

Como se explica en esta nota, los jueces de la Corte Suprema son elegidos mediante un mecanismo indirecto, en el cual el Poder Ejecutivo propone candidatos y el Senado de la Nación presta acuerdo para su nombramiento. Pero antes del análisis del Senado hay un proceso de avales e impugnaciones públicas de las postulaciones, dispuesto en el Decreto 222/03 que dictó Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) en 2003.

"La ciudadanía, las organizaciones, los colegios de profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de 15 días presentar por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los candidatos propuestos", explicó la Fundación Poder Ciudadano.

El Poder Ejecutivo, una vez vencido el plazo de impugnaciones y observaciones, cuenta con un plazo de 15 días hábiles para evaluarlas y decidir si envía la propuesta de designación al Senado.

Manifestaciones en contra y a favor de la postulación

La Coalición Cívica ARI presentó una impugnación al pliego de Lijo: "A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la CCA ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF", explicaron en el comunicado.

También se manifestó en contra de la nominación el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con un comunicado en el que indican que "el doctor Lijo, juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 de Comodoro Py 2002, ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional".

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) publicó un comunicado titulado "Condiciones necesarias para integrar la Corte Suprema de Justicia". Aunque no lo mencionan directamente, piden que el puesto sea ocupado por una jurista mujer, y que "el Supremo Tribunal debe estar integrado por personas de incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y, asimismo, que gocen de un amplio reconocimiento y valoración ante la opinión pública".

En la misma línea, AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, destacó en sus redes sociales su "preocupación respecto al nombramiento de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Por su parte, la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina, compuesta por distintas ONG's, también publicó un comunicado en contra de la nominación. En este caso, mencionan al nominado en el título: "Lijo, una mala elección".

Además, hubo manifestaciones en contra de la candidatura por parte de miembros de Juntos por el Cambio como María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la UIF (Unidad de Información Financiera) y ex candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio (en la lista de Patricia Bullrich), y el diputado Fernando Iglesias.

Con respecto a las adhesiones, Arsen Ostrovsky, abogado especialista en Derechos Humanos internacional y CEO de The International Legal Forum (ILF), envió una carta al ministro Mariano Cúneo Libarona resaltando el "compromiso y seriedad, a los que se suman sus cualidades personales y morales" de Lijo. También hubo adhesiones de organizaciones como la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA).

Además, presentaron avales ante el ministerio de Justicia la Asociación Mundial de Juristas, jueces de la Cámara de Casación Penal, de la Cámara Federal Penal de la Capital, de la Cámara Penal Económico, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) encabezada por el gremialista Julio Piumato, y la Cámara Nacional Electoral, que resaltó "su más absoluto apego a los valores republicanos, a los que se suman sus cualidades personales".