Mientras que el Gobierno nacional pretende recurrir a su práctica habitual de negación de la realidad, tratando de bajarle el precio a un contundente paro de las centrales sindicales que literalmente paralizó al país; los empresarios nacionales comienzan a mostrar las garras ante la destrucción de la industria que significaría la aprobación de la Ley RiGI; las energéticas evalúan la judicialización de la propuesta del ministro Luis Caputo de pagarles con un bono de larga duración; la decisión de imponerle el pago del impuesto PAIS a la distribución de dividendos de los pagos en dólares; el endeudamiento en más de 30.000 millones de dólares en apenas cuatro meses; la depresión económica en que sumió a la Argentina la actual gestión; y los despidos y caída incontenible de los ingresos de trabajadores, comerciantes, Pymes, jubilados y beneficiarios de planes sociales, componen un aquelarre que ya no resulta posible disimular.

El gobierno de Javier Milei ha fracasado rotundamente en apenas cuatro meses. El único que parece no haberse enterado es el propio presidente, recluido de todo contacto humano –a excepción de un puñado de personas- y feliz como chico con chupetín de colores ante los elogios que recibe a nivel internacional de empresarios que no pueden creer las alternativas de saqueo de la Argentina que les abre esta gestión. Aún así, ninguno invierte más allá de los dólares de dudoso origen que se introducen en la bicicleta financiera, aceitada por el experto en fugas, “Toto Caputo”. 

El gobierno precisa mostrar que tiene alguna capacidad de hacer aprobar al menos una ley en el Congreso, y apostó todo su capital a la Ley Bases, como paso previo a la firma del “Pacto de Mayo”  el próximo 25 en Córdoba. Su festejo de la media sanción en Diputados parece haber sido apresurado: el Senado lo devolvería con modificaciones, y al menos habría que esperar uno o dos meses para su aprobación definitiva, con varios cambios sustanciales. No sólo es la “casta” política la que pretende ponerle un freno, sino también muchos empresarios nacionales, sobre todo los más poderosos y con capacidad de lobby, que se verían sensiblemente perjudicados con la aplicación de la Ley RIGI.

Pero tampoco le va bien en su relación con las provincias, que presentarán su propia redacción de un "Pacto Federal" antes del Pacto de Mayo de Milei. Más allá de lo que terminen votando sus legisladores en el Congreso, producto de la presión y del chantaje del gobierno sobre los gobernadores –tal como sucedió en Diputados-, el malestar en las provincias continúa vigente. El denominado “Pacto de Mayo”, que no es un pacto sino una imposición del Ejecutivo, genera malhumor y bronca entre los jefes de Estado provinciales, conscientes de que su sumisión definitiva al poder central resultará catastrófica.

Es por este motivo que varios gobernadores están redactando un Pacto paralelo, para contraponer al de Milei, que presentarían antes de la fecha definida por el gobierno nacional para el suyo. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó que el acuerdo hace "especial hincapié en el federalismo fiscal" y plantea "la defensa irrestricta de la Educación Pública".

El acuerdo entre los mandatarios provinciales llevaría como denominación la de "Pacto Federal" y todavía está en proceso de redacción. Según Torres:
"Estamos terminando la redacción de los puntos y habrá una presentación formal para toda la Argentina contando cuáles son esos puntos y por qué hacen especial hincapié en el federalismo fiscal".

El gobernador chubutense enfatizó que: "Un pacto tiene que contemplar el federalismo fiscal porque en los últimos 30 años cada vez que se generó un impuesto nuevo con asignaciones específicas, el Gobierno Central abraza la masa coparticipable con voracidad recaudatoria. Y en paralelo, le dice a las provincias hacete cargo de la Salud, de la Educación, de la Seguridad, pero cada vez es más chico el pedazo de la torta que le corresponde a las provincias".

El documento constaría de 10 puntos. El primero de ellos sostiene "la defensa irrestricta de la Educación Pública". "No queremos se debata más sobre la importancia estratégica de algo que para nosotros es esencial y clave para el desarrollo de nuestro país y también federalismo fiscal", enfatizó Torres, quien inmediatamente disparó contra el habitual proceder autoritario del gobierno de Milei.  "Cualquier pacto no tiene que ser declarativo o de adhesión, tiene que surgir de las provincias".

Al momento de anunciar su “Pacto de Mayo”, el Presidente puso como precondición la sanción previa de la Ley de Bases en el Congreso, que cuenta con la media sanción de Diputados. Sin embargo, la aprobación definitiva de esa norma en tiempo y forma podría complicarse, ya que algunos puntos específicos como el restablecimiento del impuesto a las ganancias o la “Ley RIGI”, que significa tanto un certificado de defunción para la mayoría de las industrias y, consecuentemente, del empleo en nuestro país, están sufriendo fuertes cuestionamientos, no sólo de los parlamentarios sino también del empresariado argentino. 

En lo referido a los participantes del "Pacto Federal" de los gobernadores, Torres señaló que está trabajando en conjunto con el presidente de la zona Centro, Maximiliano Pullaro, y con el titular del Norte Grande, Gerardo Zamora, y adelantó que presentarán el documento al  Gobierno nacional para tratar de conseguir que "sea consensuada una agenda que necesita la Argentina".

Del lado del gobierno ni se registra por ahora la movida de los gobernadores, ya que el diálogo democrático es un procedimiento despreciado por el presidente Milei, quien ve en él un signo de debilidad. La preocupación pasa, por ahora, por otro lado: ¿Qué hacer si los tiempos del tratamiento en el Senado se dilatan e, incluso, si las modificaciones realizadas en la Cámara Alta exigen un nuevo tratamiento en Diputados? De este modo, llegaríamos al 25 de Mayo sin Ley Bases. ¿Y también sin Pacto?

¿Cuál será, en este escenario, la reacción de Javier Milei?