En medio de una crisis económica, sumado a los despidos injustificados en distintas áreas del Estado, el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, firmaron un contrato polémico con el ex gerente financiero de Télam para llevar a cabo actividades de espionaje a medios de comunicación, todo por la suma exorbitante de 14.400.000 de pesos.

Se trata de José Luis Primo, dueño de la empresa Ejes SA. El ex ejecutivo de Télam fue procesado por estafas ante la AFIP y es reconocido por hacer competir entre ellas a sus propias empresas en licitaciones de auditorías de medios.

Primo fue secretario Económico y Financiero de la Municipalidad de Almirante Brown, una de las Comunas más corruptas en la actualidad, y también de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Ejes SA fue reconocida en el rubro de las auditorías de medios por numerosos manejos reprochables que salieron a la luz y quedaron en la mira de la Justicia. En el año 2010, su titular José Luis Primo fue procesado por la Cámara de Casación luego de una denuncia del por entonces diputado nacional Miguel Bonasso ante el juzgado de Instrucción 13 a cargo del juez Luis Alberto Zelaya.

De acuerdo a la documentación judicial, Primo había participado de la creación de la empresa fantasma Sol Group, a través de la cual recibió órdenes de Publicidad No Tradicional (PNT) por numerosos millones de pesos. Además, fue ejecutado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por evasión tributaria en Río Cuarto, Córdoba.

En gobiernos anteriores, el empresario fue beneficiado con múltiples contratos. Ahora, la historia se repite con Milei, días después de que el Presidente decidiera cerrar la agencia Télam, la misma en donde Primo trabajó durante muchos años.

El servicio solicitado incluye el monitoreo constante de medios durante las 24 horas del día, abarcando prensa gráfica, radios, televisión por aire y cable, así como portales de noticias en la web. Este monitoreo se centra en temas específicos determinados por la Dirección de Comunicación y Prensa, con acceso a una plataforma para 20 usuarios.

Uno de los aspectos más preocupantes del contrato es el seguimiento detallado de menciones a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al mismo jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y ministros como Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Mario Russo, entre otros. Además, se requería un seguimiento minucioso de noticias relacionadas con organismos descentralizados y empresas estatales, especialmente aquellas vinculadas a procesos de privatización y despidos.

El alcance del monitoreo no se limita únicamente a medios tradicionales, sino que también abarcaba la cobertura en tiempo real de programas de televisión y segmentos de radio de alta audiencia, así como el seguimiento de medios gráficos y sitios web de noticias más importantes del país.

El contrato incluye la entrega de informes detallados y la generación de alertas automáticas a través de una aplicación móvil, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de prensa en el país. Además, se destaca la herramienta para el cliente que permitía la generación de informes editados, lo que sugiere un nivel de manipulación de la información recopilada.