A una semana de la contundente derrota electoral del oficialismo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que culminó con el Gobierno del Frente de Todos corriendo desesperado a tomar medidas urgentes para intentar recuperar la confianza del electorado, la crisis económica del país no hace más que acelerarse.

Y es que la devaluación anunciada por el ministro Sergio Massa el pasado lunes, sumado a una imparable corrida del dólar, hicieron que los precios volaran por las nubes, y no hubo sector de la economía que no se viera afectado y sacudido por el cimbronazo electoral.

En este contexto, el precio de los combustibles aumentó un abrupto 12,5 por ciento sin negociación de por medo entre los privados y la petrolera estatal. Vale destacar que, habitualmente, YPF funciona como un ente regular de precios que “propone” un valor guía al que el resto de las firmas privadas se ajustan de acuerdo a la competencia del mercado.

Sin embargo, poco le importo a Shell y Puma en esta ocasión si YPF mantenía los precios y lo que ello podría implicar en la competencia en el mercado: sin esperar a la reacción de la compañía nacional, los privados tomaron la decisión de subir los precios.

Se tiraron a la pileta, y la jugada les salió bien, puesto que, a la brevedad, el Gobierno se apuró a negociar un nuevo acuerdo para fijar los precios del combustible.

Ocurre que esta vez, como tantas otras, el Gobierno llega tarde a apagar el incendio, y si bien se pautó una tregua a los aumentos, no hay vuelta atrás con el 12,5 por ciento que ya habían subido de antemano.

Y “casualmente”, el acuerdo con las petroleras durará hasta el 31 de octubre. Es decir, hasta el mes en el que se realizarán las elecciones generales, por medio de las cuales se definirá quién será el próximo gobernante del país.

Vencedores y vencidos

Teniendo esto en cuenta, la jugada resulta clara y los resultados también: las petroleras ganaron (o al menos no perdieron) con el aumento del 12,5 por ciento aplicado, más los beneficios del acuerdo con el Gobierno.

El Gobierno se queda con la propaganda y el impacto del anuncio del “congelamiento de precios del combustible”.

Y el que pierde, como siempre, es el ciudadano motorizado, que lo único que sacó de todo esto es terminar pagando más a la hora de pasar por el surtidor.