El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En el Gobierno buscan alejar la idea de “ajuste” en el gasto social y hacen hincapié en que se trata de una “suspensión” y no una “baja” o recorte. En esa línea explicaron que quienes tengan sus planes suspendidos es porque no revalidaron sus datos en una auditoría en la que el 89 por ciento de quienes reciben el beneficio sí hicieron la actualización de su información personal.
Conservan la ayuda estatal más de un millón de beneficiarios, de los cuales la mitad son de la provincia de Buenos Aires. “A ellos les corresponde percibir porque sabemos perfectamente su situación patrimonial. El programa está transparentizado en un 88,7 por ciento”, indicó la funcionaria en una conferencia de prensa.
Este lunes dimos a conocer los resultados de la validación de datos de titulares del #PotenciarTrabajo. Primero, reconocer la gran labor de las y los trabajadores de @MDSnacion, gobernaciones y municipios que desplegaron operativos a lo largo de toda la Argentina. pic.twitter.com/MtkF3P2yn6
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 16, 2023
Conocida la decisión del Gobierno, la Unidad Piquetera decidió reunirse de forma virtual a partir de las 18 de hoy a la espera de decidir las medidas a tomar que, según ya advirtieron desde la propia organización, incluirán salir a la calle.
A quienes queden suspendidos tras el anuncio de este lunes se les va a liquidar a partir del 5 de febrero la mitad del Potenciar y quedará sujeto a una instancia de reclamo para poder validar sus datos a través de los mismos procedimientos que estuvieron vigentes desde noviembre.
En caso de que lo hagan volverán a cobrar normalmente el beneficio, en tanto que quienes no vuelvan a hacerlo al período siguiente no percibirán ningún tipo de ingreso por el Plan y 60 días después de eso podrían ser efectivamente dados de baja. “Si no validaron, percibirán el primer mes un 50 por ciento. Al segundo mes será cero”, precisó Tolosa Paz, que agregó que el ministerio a su cargo no tenía estos datos para canalizar la ayuda.
“¿Qué puede ocurrir a partir de esto? Que haya personas que, sabemos, puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Han tenido dificultades y queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, dijo Tolosa Paz.
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