La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente al diputado nacional José Luis Espert por instigación a la violencia luego de que pidiera públicamente “cárcel o bala” contra el dirigente social Juan Grabois y otras personas que realizan una protesta por el acceso público a Lago Escondido, en Río Negro.

La denuncia fue presentada este miércoles por el secretario Horacio Pietragalla Corti a partir de un mensaje en Twitter en el que Espert reclama “cárcel o bala para estos delincuentes”, en referencia a un twit en el que Grabois difundió la manifestación.

El secretario de Derechos Humanos destacó la “peligrosidad y el carácter antidemocrático del mensaje”, especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional.

Este tipo de declaraciones se encuentran prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, se argumentó oficialmente.

La presentación recordó que en septiembre la Secretaría ya denunció a Espert por un mensaje similar, en el que reclamó “Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala” para miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), quienes reclamaban en el Ministerio de Trabajo. Esa causa recayó en el Juzgado Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, quien decidió archivarla pocos días después.

“Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un Diputado Nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial”, señaló la presentación.

Además, la Secretaría puso en conocimiento de esta situación a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación para que se adopten “las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición”.

La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.