El Gobierno nacional buscará pagarle con bonos a la Ciudad tras el fallo de la Corte que concedió una cautelar a la administración porteña para que recupere más de un punto de coparticipación hasta que se resuelva el fondo del asunto. Alberto Fernández había dicho que el fallo era de "imposible cumplirlo", pero para evitar una demanda, decidió cumplir con la decisión del máximo tribunal.

La primera señal llegó el viernes, cuando Wado de Pedro salió a despegarse del tema y filtró a los medios que su Ministerio no tenía intervención en el pago de la coparticipación y que tampoco fue parte del expediente que tramita en la Corte, aunque asistió a todas las audiencias y hasta el fallo fue quien llevó la negociación con los funcionarios porteños. La decisión de incumplir el fallo lo dejaba expuesto a una denuncia penal por desacato, al igual que a la presidente del Banco Nación, Silvina Batakis, que debe ejecutar el pago.

El riesgo de enfrentar una demanda penal no era una especulación. El mismo viernes la oposición presentó dos denuncias. Elisa Carrió avanzó con un escrito contra Alberto por "alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público" y un sector vinculado al liberalismo hizo una presentación similar.

El temor a verse involucrados en una demanda, hizo que los funcionarios nacionales cambiaran su discurso sobre la marcha y mostraran en público su voluntad de cumplir con lo ordenado por la Corte, aunque Alberto intentó disimular el retroceso, anunciándolo en el medio de un largo hilo de tuits con críticas retóricas al máximo tribunal.

Alberto intentó disimular el retroceso, anunciando la decisión de pagar en el medio de un largo hilo de tuits con críticas retóricas al máximo tribunal.

En esos tuits insistió en anunciar que ordenó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que recuse a los miembros de la Corte y apele "in extremis" el fallo. Dos caminos que en la justicia consideran inconducentes.

En tribunales descuentan que el máximo tribunal rechazará por "extemporánea" la recusación. Se trata de un paso procesal que se plantea antes del fallo, no después.

Lo mismo ocurre con el recurso "in extremis", que aplica a errores de forma o errores materiales, pero no a las cuestiones de fondo de un fallo. En todo caso esas presentaciones podrían darle algo de tiempo al Gobierno. Parece difícil que la Corte responda a las presentaciones antes de febrero, cuando termina la feria judicial.