El gobierno porteño tiene un antecedente favorable para lograr que el gobierno nacional le deposite los fondos que según la cautelar que le concedió la Corte Suprema debe girar el gobierno nacional en compensación de la baja de coparticipación federal que Alberto Fernández impuso a la Ciudad para financiar un aumento de la policía bonaerense.

Se trata del caso San Luis, provincia que durante el gobierno de Mauricio Macri también consiguió un fallo favorable de la Corte Suprema y se enfrentó a un escenario similar, solo que el ex presidente no lo convirtió en una bandera política, simplemente no le giró los fondos hasta que se enfrentó a un riesgo inminente de embargo d elas cuentas del Tesoro.

Pocos días antes de la partida de Cristina, en noviembre de 2015, la Corte le dio la razón a Rodríguez Saa en el caso "San Luis contra Estado Nacional, acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos", una causa iniciada por la retención indebida que realizaban ANSES y AFIP sobre fondos coparticipables.

Se trataba de casi 15 mil millones de pesos de aquel entonces, algo así como 1500 millones de dólares. Tal como ocurrió con la sentencia de Santa Fe, Mauricio Macri hizo lo posible por retrasar los giros de dinero.

Pero en lugar de denunciar a los funcionarios o hacer cuestionamientos públicos, los abogados de San Luis fueron todos los días durante casi dos meses al Banco Nación para preguntar si estaban listas las planillas de pago.

La respuesta, siempre negativa, fue documentada por los escribanos provinciales. Cuando reunieron una buena cantidad de folios que demostraban la falta de voluntad de pago de Nación se presentaron ante la Corte para exigir un embargo de las cuentas del Tesoro nacional.

La solución llegó casi de manera inmediata: el máximo tribunal emplazó a Nación a comenzar con los giros en no más de cinco días bajo amenaza de embargo. Poco después de la presentación, entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio negoció un plan de pagos con Rodríguez Saá.

Este lunes la administración de Rodríguez Larreta tiene pensado denunciar al gobierno nacional por incumplimiento de sentencia, pero todavía se guardan un margen por si la Casa Rosada recapacita. Hay señales de inquietud entre los funcionarios de Alberto Fernández que deberían instrumentar el pago y serían plausibles de una denuncia por desacato. Un caso evidente es el ministro del Interior, Wado de Pedro, que pasó de comparar a la corte con las juntas militares a filtrar que no tiene nada que ver con el pleito.