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Cinismo total en el Gobierno: desde el oficialismo hablan de los Derechos Humanos pero le dan la espalda al mundo

Desde las redes sociales, Juntos por el Cambio instó a Cancillería a realizar un reclamo diplomático por la sentencia a muerte del futbolista que había participado de las protestas en favor de los derechos de las mujeres.
Desde las redes sociales, Juntos por el Cambio instó a Cancillería a realizar un reclamo diplomático por la sentencia a muerte del futbolista que había participado de las protestas en favor de los derechos de las mujeres.

Dirigentes políticos de Juntos por el Cambio se pronunciaron en las últimas horas contra la condena a muerte del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, de 26 años, quien había participado de las protestas en favor de los derechos humanos de las mujeres que sacuden al país, y exigieron al Gobierno una intervención formal en el ámbito internacional.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresó un “repudio” por el “vergonzoso silencio” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, “frente a la aberrante situación por la que está pasando el futbolista” y “todas las personas condenadas a muerte por defender los derechos de las mujeres de su país”.

A través de las redes sociales, el mandatario provincial dijo: “Como presidente de la UCR solicito que Cancillería eleve un reclamo formal ante la ONU para arbitrar medidas que frenen estas ejecuciones”. “En nombre de la defensa de los DDHH en el país desde la recuperación de la democracia, no podemos ser cómplices a través del silencio”, publicó en su cuenta de Twitter.

“El Gobierno nacional debe poner a disposición de Amir Nasr-Azadani su Embajada en Irán para garantizar su seguridad y la de su familia, a través del derecho internacional al asilo político”, instó el gobernador. Y finalizó: “Los Organismos Internacionales de Derechos Humanos deben activar de inmediato acciones que protejan la vida de los iraníes condenados por defender los derechos de las mujeres”.

El diputado nacional y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, cuestionó que “el actual Gobierno argentino es aliado de Irán” y advirtió “los derechos humanos no pueden ser selectivos, Argentina debe defenderlos como lo ha hecho históricamente, para todos”.

En un video posteado en sus redes, y con la consigna “No lo maten”, el legislador planteó que “no le pidamos a este deporte, a sus figuras, a sus asociaciones, lo que no le exigimos a las Naciones Unidas”. “El Gobierno argentino, que tiene con este régimen asesino relaciones carnales, ¿no tiene nada para decir?”, se preguntó.

“Este ejemplo expuso la brutalidad de un régimen que termina con las vidas de los que protestan, de los ejercen la libertad”, dijo, y ratificó: “Ojalá logremos frenar la ejecución de Amir Nasr-Azadani, pero el trabajo no estará terminado. Tal vez, sea el comienzo”.

Por su lado, el diputado nacional Ricardo López Murphy advirtió que lo que ocurre en Irán no es “ni otra cultura, ni otra religión, ni es más complejo”, arrancó en su mensaje. “Irán es un régimen asesino enemigo de la libertad y los derechos humanos. Repudio la condena a Amir Nasr-Azadani así como toda pena de muerte emanada por la dictadura iraní”, sostuvo en su cuenta de Twitter hace unos días.

De igual manera, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, fustigó: “El kirchnerismo tiene una alianza histórica con el régimen iraní”.

También, por la red social de microblogging, el dirigente radical reclamó: “Por sus aceitados vínculos, le pido al canciller Santiago Cafiero que el Gobierno interceda para frenar la ejecución de personas en Irán, como el futbolista Amir Nasr-Azadani que defendió a las mujeres iraníes”.

El delito por el que será castigado el futbolista es el de “enemistad con Dios”, a raíz de su involucramiento en las protestas que sacuden la República Islámica de Irán y que hunde sus raíces en la sharía o ley del islam. Por esa imputación quieren condenar a muerte al futbolista.

Irán está en plena efervescencia social. Las manifestaciones comenzaron por la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico en septiembre, pero los manifestantes piden ahora el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Tras casi tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos, las autoridades han comenzado a ejecutar a manifestantes para tratar de controlar unas movilizaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres, que piden más libertades.

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